El triunfo de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones presidenciales del 2007, con más del 45% de los votos, representó la ratificación del rumbo económico que tomó la Argentina a partir del 2003 de la mano de Néstor Kirchner que hizo del dólar competitivo, las retenciones a las exportaciones, los superávit gemelos y la reestructuración de la deuda pública, los pilares fundamentales de la reactivación económica en la Argentina que comenzaba a mostrar sus frutos hacia finales del 2007 transformando un gobierno que asumió con sólo el 23% de los votos en uno con la mayor legitimidad política desde que la dictadura cívico militar de Videla y Martínez de Hoz.
Sin embargo es durante la presidencia de Cristina que se han tomado las medidas más profundas que permitieron consolidar el crecimiento económico, con una mayor distribución de la riqueza.
A los pocos meses de asumir el gobierno, el 11 de Marzo de 2008 se sanciona la resolución 125 que establecía un nuevo sistema de retenciones móviles a las exportaciones de cuatro productos y sus derivados: soja, girasol, maíz y trigo. En síntesis, esta medida ataba proporcionalmente el porcentaje de retenciones a las exportaciones de estos productos con su precio internacional. Dado la alta cotización de algunos de estos commodities en el mercado mundial, principalmente de la soja, la sanción de esta medida desató un duro enfrentamiento entre las entidades rurales nucleadas en la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional, que terminó con el envío al Congreso de un proyecto para que esta medida fuese sancionada por Ley estableciendo un sistema de retenciones móviles y diferenciales para que éstas no recaigan sobre pequeños y medianos productores de la misma forma que sobre los grandes pooles de siembra.
La sanción de esta Ley hubiese permitido que aquellos que tienen menos participación en el mercado de exportaciones paguen menos retenciones que las actuales y que aquellos grandes acopiadores, con enorme participación de capital extranjero, sean quienes aporten más en concepto de retenciones. Sin embargo, errores propios del gobierno y la influencia de los grandes medios de comunicación que se encargaron de desinformar o informar mal sobre este asunto y de la mano del Vicepresidente “Cleto” Cobos se impusieron los grandes pooles, vinculados al capital extranjero, representados por la Sociedad Rural Argentina y el proyecto fue rechazado en la Cámara de Senadores.
A pesar del fracaso del proyecto de retenciones móviles y del duro golpe que recibió la imagen pública del gobierno, fogoneado desde los medios que le declararon la guerra, que le costará la derrota en las legislativas del año siguiente, durante el mes de Octubre de 2008 se envía un proyecto de ley al Congreso para terminar con el régimen de las AFJP nacionalizando los fondos de jubilaciones y pensiones privatizados durante la década del ´90. Aquellos fondos que hasta ese momento partían de la argentina hacia la timba financiera mundial dejando jugosas ganancias a los grupos económicos dueños de estas empresas (no a los futuros jubilados que recibían menos de lo que habían “ahorrado”) no sólo permanecen en nuestro país sino que permitieron la sanción de la Asignación Universal por Hijo extendiendo el beneficio de las asignaciones familiares a trabajadores en negro, desocupados y monotributistas que llega a más de tres millones de niños en nuestro país. Las consecuencias se vieron de inmediato: al comenzar el 2010 el aumento de las matrículas en las escuelas fue del 25%, como así también se incrementó el consumo de comida y ropa, transformando esta medida en una de las más avanzadas políticas sociales del continente. Desde mayo del 2011 este beneficio se extendió a las embarazadas.
Durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se observa una recuperación por parte de los argentinos de la discusión sobre los asuntos públicos, quizás uno de los más reivindicables logros de estos gobiernos. Y esto también se vio expresado en medidas concretas que se han tomado desde la casa Rosada. La sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual puso fin a la Ley de Radiodifusión sancionada en 1977 que permitía la concentración monopólica de medios de comunicación que fueron utilizados por grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros, para defender desde la radio y la pantalla chica sus intereses sectoriales alejando a la mayoría de los argentinos (Tinelli y Mirtha mediante) de la discusión política. Sin embargo falta, los artículos que hacen a la esencia de la ley que impiden la concentración de licencias se encuentran trabados en la justicia para el Grupo Clarín. Eso sí, los argentinos ya sabemos quién es quién.
No se puede dejar de mencionar que esto sucede en la Argentina mientras en el mundo persiste una de las crisis más profundas que ha sacudido al sistema capitalista. Los países centrales ajustan, la deuda de Estados Unidos a duras penas se sostiene y Londres se viven momentos similares a la Argentina del 2001, nosotros rebotamos de la crisis. La economía siguió creciendo y la desocupación no aumentó. Sí, el precio de los alimentos en el mercado mundial nos ha favorecido sin embargo uno de los factores fundamentales que permitió que se respondiera con medidas heterodoxas y no con las viejas recetas del FMI fue la restructuración de la deuda en el 2005, el pago al Fondo Monetario y a los bonistas del Club de París en el 2010. Ya no pagamos para endeudarnos, recuperamos soberanía.
Lejos del aislamiento internacional que muchos pregonan porque desde Estados Unidos no nos visitan tan seguido, la consolidación de la Unasur y su intervención en los asuntos de América Latina ha afianzado la integración regional, clave para profundizar los procesos de nacionalización y democratización que recorren el continente.
Hoy los argentinos vemos al 2001 como un mal recuerdo, y hasta sorprende a veces que no haya pasado tanto tiempo. Hay 5 millones nuevos de puestos de trabajo, se han recuperado los convenios colectivos junto con otros derechos laborales pisoteados por la flexibilización laboral de De la Rúa y Menem. Vivimos en una sociedad más justa. Es por estas razones que defendemos el gobierno de Cristina Fernández.
Sin embargo sabemos que hay medidas que no se han tomado. Falta. Los salarios suben por la escalera y los precios por el ascensor. Salimos de la paridad cambiaria (1 a 1) pero la convertibilidad sigue vigente permitiendo que sólo en abril de este año se fuguen 1.800 millones de dólares al exterior y se espera que en el 2011 salgan 12.000 millones.
¿Qué pasaría si estos dólares que se fugan permanecieran en nuestro país? ¿Y si además se transforman en crédito productivo a baja tasa que permita la inversión? De esta forma se podría reorientar la renta nacional que hoy se va al extranjero poniéndola al servicio del crecimiento industrial de la Argentina, permitiendo que surjan nuevas industrias sobre todo en ramas fundamentales como la siderurgia, la producción de cemento, plásticos y alimentos que se encuentran concentradas de forma oligopólica facilitando la formación de precios unilateralmente del lado de las empresas, licuando todo aumento salarial con incrementos en los precios. Para que esto suceda es necesario derogar la Ley de Convertibilidad (marco legal que permite que se conviertan pesos en dólares para poder fugarlos) o que se pongan estrictos límites a la misma estableciendo, por ejemplo, un límite a la cantidad de dólares que cualquier persona o empresa pueda “convertir”.
Esto es parte de lo que falta, no es todo pero no es poco. Sabemos, porque lo han demostrado, que de Alfonsín, Duhalde y el Partido Socialista no podemos esperar nada. Es a éste gobierno, por su origen popular por su legitimidad política y por lo que ya ha hecho que se lo podemos exigir.
